La reciente iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer un «precio máximo voluntario» de la gasolina en México plantea una serie de reflexiones sobre su viabilidad y posibles implicaciones.

Por un lado, la intención de proteger la economía de los consumidores frente a márgenes de ganancia que, según la presidenta, pueden alcanzar hasta 6 pesos por litro, es loable. En un país donde el precio de los combustibles impacta directamente en el costo de vida y en la inflación, cualquier medida que busque estabilizar o reducir estos costos merece atención.

Sin embargo, la propuesta de un «precio máximo voluntario» suscita dudas. El término en sí parece contradictorio: si es un precio máximo, ¿cómo puede ser voluntario? La naturaleza voluntaria del acuerdo podría llevar a una falta de uniformidad en su aplicación, dependiendo de la disposición de los empresarios gasolineros a adherirse. Además, sin mecanismos claros de supervisión y sanción, existe el riesgo de que algunos actores del mercado no cumplan con el acuerdo, lo que generaría distorsiones y posibles tensiones entre el gobierno y el sector privado.

Es fundamental considerar que el mercado de combustibles está influenciado por múltiples factores, incluyendo los precios internacionales del petróleo, costos de logística, impuestos y márgenes de ganancia de los distribuidores. Intervenir en uno de estos elementos sin una estrategia integral podría tener consecuencias no deseadas, como desabastecimiento o disminución de la calidad del servicio.

Además, la experiencia histórica en México y otros países muestra que los controles de precios, aunque bien intencionados, pueden llevar a distorsiones en el mercado. Es crucial que cualquier intervención se realice con cautela, basándose en análisis técnicos y considerando las dinámicas del mercado.

En conclusión, aunque la propuesta de la presidenta Sheinbaum busca aliviar la carga económica de los consumidores, es esencial que se aborde con una visión integral y realista. La colaboración entre el gobierno y los empresarios gasolineros debe basarse en acuerdos claros, mecanismos de supervisión efectivos y una comprensión profunda de las dinámicas del mercado para garantizar que las medidas implementadas beneficien realmente a la población sin generar efectos adversos.