El combate al robo de hidrocarburos en México tuvo uno de sus golpes más significativos del año. En dos operativos coordinados, las autoridades federales clausuraron una refinería ilegal en Veracruz y aseguraron más de 1.2 millones de litros de combustibles en Nuevo León. Estas acciones revelan la magnitud de la red delictiva dedicada al huachicol, una industria criminal que ha puesto en jaque a la seguridad energética y fiscal del país.

La refinería clandestina de Veracruz

El primer hallazgo tuvo lugar en el municipio de Texistepec, en el sur de Veracruz. En un predio rústico, la Secretaría de Marina (Semar), junto con elementos de la Guardia Nacional y la fiscalía general de la República (FGR), encontraron una instalación equipada con maquinaria de refinación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, operada de forma completamente clandestina.

Según el reporte oficial, la refinería estaba produciendo derivados del petróleo sin ningún tipo de control ambiental ni fiscal, lo que implica un doble riesgo: por un lado, para la salud pública y el entorno; por otro, para las finanzas públicas del país.

Además, se aseguraron 500 mil litros de combustible y se detuvo a varios presuntos responsables, cuyos nombres no han sido revelados por tratarse de una investigación en curso.

Nuevo León: una red de almacenamiento ilegal

El segundo operativo se llevó a cabo en el municipio de Apodaca, Nuevo León, un punto estratégico del corredor industrial del norte. En una bodega se encontraron al menos 1.2 millones de litros de hidrocarburos, presumiblemente de origen ilícito. Las autoridades sospechan que el combustible había sido introducido al país a través del huachicol fiscal, es decir, mediante contrabando técnico disfrazado de lubricantes o aditivos.

La magnitud de este decomiso ilustra cómo las redes criminales han migrado del robo físico de ductos al contrabando por vías formales, aprovechando grietas en el sistema aduanero y fiscal.

Implicaciones más allá de los números

Aunque los decomisos son importantes, el verdadero problema de fondo sigue siendo la impunidad estructural. Las redes de huachicol combinan tecnología, logística empresarial y protección política o institucional, operando muchas veces con apariencia de legalidad.

El impacto es multidimensional:

• Económico: se estima que el robo de hidrocarburos representa pérdidas por más de 177 mil millones de pesos anuales, principalmente por evasión del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).
• Ambiental: instalaciones clandestinas como la de Veracruz contaminan suelo, agua y aire, sin ningún tipo de regulación.
• Social: muchas comunidades se ven atrapadas en el dilema entre ser víctimas o beneficiarias indirectas del robo de combustible.
• Institucional: la infiltración del crimen organizado en aduanas, logística, fuerzas de seguridad y estructuras locales pone en entredicho el Estado de derecho.

El contexto nacional: ¿avance o reacción?

En los últimos meses, el gobierno federal ha endurecido el discurso contra el huachicol fiscal, en particular tras los señalamientos de Estados Unidos sobre el impacto del contrabando de hidrocarburos en las finanzas de Pemex. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ya adelantó que uno de los ejes de su administración será el cierre de vías de evasión fiscal en el sector energético.

Aun así, expertos señalan que los esfuerzos requieren una reforma estructural: fiscalización efectiva en puertos, trazabilidad digital obligatoria y sanciones ejemplares a las empresas involucradas, además de mayor transparencia en Pemex y en la importación privada de petrolíferos.

Fuente: El País artículo fuente