Entrevista a Gabriel Rosas navarro Director de Operaciones Verifigas

Para Expansión Por Diana Gante

Con 90% de incumplimiento en controles volumétricos, el gas LP enfrenta un desafío estructural. El huachigás, los topes de precios y la débil vigilancia regulatoria presionan la legalidad del mercado.

El sector del gas LP mantiene su liderazgo como uno de los energéticos más utilizados en México, pero también encabeza otra estadística menos visible: la del menor cumplimiento regulatorio. En un mercado esencial para el consumo cotidiano, la debilidad en la vigilancia y el rezago en controles clave han abierto espacios para prácticas ilegales que distorsionan la competencia y afectan al consumidor final.

De acuerdo con Verifigas, una consultora especializada en el cumplimiento de los Anexos 30 y 31 del Servicio de Administración Tributaria, alrededor del 90% de los regulados del gas LP no cumple con los controles volumétricos, un mecanismo diseñado para vigilar toda la cadena de valor del energético. Estos controles permiten rastrear desde el origen del combustible, su transporte y consumo, hasta su entrega al usuario final, con el objetivo de garantizar que se comercialicen litros o kilos completos.

La dimensión del universo regulado es amplia. Datos de la Comisión Nacional de Energía indican que hasta julio existían 5,372 permisos vigentes de gas LP, que abarcan actividades de distribución, transporte y expendio, entre otras.

Dentro de ese total, el nivel de cumplimiento es marginal. Verifigas estima que no más de 10% de los permisionarios cumple con los controles volumétricos exigidos por la autoridad fiscal y regulatoria.

“Estamos hablando de que alrededor de 500 permisionarios cumplen. La infraestructura es muy poca, y eso va de la mano con lo que se está peleando por parte del sector para aumentar el precio o el margen de distribución”, aseguró Gabriel Rosas, director de operaciones de Verifigas.

El contraste con otros energéticos es evidente. A diferencia del sector gasolinero, donde los niveles de cumplimiento son mayores, el gas LP ha quedado históricamente fuera del foco principal de la supervisión regulatoria, pese a su peso social y económico.

“El gas LP de repente pierde un poco de atención en la parte de su vigilancia, lo que sucede con él, y tenemos que entender que el gas LP es un energético fundamental que se utiliza día a día en las casas habitaciones, el 95% de la personas lo ocupamos en los hogares, y por eso es muy importante que se tenga una correcta vigilancia”, añadió.

El huachigas

La función de estos controles va más allá de la fiscalización administrativa. Su correcta aplicación también es una de las principales herramientas para combatir el llamado huachigás, una práctica que incluye el robo de gas LP mediante piquetes en ductos, ordeña de pipas y extracción ilegal de tanques.

Las cifras sobre tomas clandestinas confirman que el problema sigue activo. Datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal muestran que en julio se registraron 89 tomas ilegales de gas LP, una cifra superior a las 81 reportadas en el mismo mes de 2024. Además, fue la segunda más alta del primer semestre de 2025, solo por debajo de marzo, cuando se contabilizaron 134.

En este contexto, el cumplimiento efectivo de los controles volumétricos aparece como una medida clave para contener el mercado ilegal. Sin embargo, la adopción ha sido limitada y desigual, lo que mantiene abierta la puerta a prácticas fuera de la ley en distintos eslabones de la cadena.

Otro factor que ha influido tanto en el incumplimiento como en la persistencia de la comercialización ilegal es el tope de precios máximos del gas LP, vigente desde julio de 2021. Este esquema ha reducido los márgenes de distribución y ha sido señalado por el propio sector como un obstáculo para invertir en seguridad y modernización.

“Cuando el margen que tenían era de 2.50 pesos por litro de distribución, pero el sector gasero estaba solicitando que se ampliara a 4.25 pesos por litro para que ellos pudieran tener mejores márgenes y poderlos utilizar en el tema de seguridad y modernización de sus equipos”, aseguró Rosas.

Las sanciones

Verifigas subraya que los controles volumétricos don una obligación que aplica a toda la cadena de valor de cualquier energético que se comercialice en el país.

Cuando una empresa presenta irregularidades en estos controles, las consecuencias pueden ser significativas. Las sanciones van desde multas económicas hasta la suspensión de operaciones y, en casos graves, penas de cárcel.

“Cuando se consumió más gas del que se adquirió, se trata de una falta clara que puede ir en sanciones hasta los 5 millones de pesos, el cierre de las operaciones e incluso hasta 8 años de prisión”, explicó Rosas.

A estas sanciones se suma el retiro de sellos para el timbrado fiscal. Sin la posibilidad de emitir facturas, las empresas quedan prácticamente paralizadas ante el SAT, lo que incrementa el impacto financiero del incumplimiento.

Las autoridades ya han comenzado a aplicar sanciones de manera más sistemática. Desde 2023 dejaron de otorgarse prórrogas, lo que ha acelerado los procedimientos contra permisionarios rezagados.

“Lo que pasó es que primero el foco se fue hacia las gasolineras, pero ahora están con gas LP y los autoconsumos, que también son un gran problema. Pero sí hemos empezado a ver multas, nos han llegado casos en los que ya los multaron con cierta cantidad, que puede ir desde los 36,000 hasta los 69,000 pesos, pero esa multa es por mes, o sea, que si la empresa están en cumplimiento desde 2023, se tiene que hacer la multiplicación del monto por la cantidad de meses sin cumplimiento”, dijo el directivo.

El impacto acumulado de estas sanciones puede comprometer la viabilidad financiera de pequeños y medianos permisionarios, especialmente en un entorno de márgenes limitados y alta presión operativa.

Para Verifigas, el problema de fondo no es solo económico ni técnico, sino cultural. El alto nivel de incumplimiento refleja una falta de sensibilización histórica en el sector, donde durante años prevaleció la lógica de reaccionar solo ante la sanción.

“Si no me dicen nada, pues no hago ni tengo nada, si no me multan, no lo cumplo”, ha sido una forma de operar que ya no es viable en un mercado cada vez más vigilado y con mayores riesgos legales.

Las empresas que consuman Gas Natural o Gas LP en una cantidad de 75714 Litros o 5000 Gigajoules están obligados a contar con controles volumétricos esto es que tengan un sistema de gestión de la medición y tengan un software informático que haga toda esa recopilación de información y se pueda reportar mes con mes al SAT

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Nota original:
https://expansion.mx/empresas/2026/01/01/gas-lp-lidera-el-mercado-pero-el-huachigas-florece