El desconocimiento ya no es excusa: Ignorar las reglas de autoconsumo de combustibles puede costar muy caro
Las nuevas exigencias ponen en riesgo a quienes no cumplan a tiempo con las obligaciones regulatorias.
El sector de autoconsumo de combustibles en México se encuentra en un momento de transformación normativa. Aunque históricamente la regulación no especificaba claramente su alcance, actualizaciones recientes han establecido obligaciones precisas para quienes operan bajo este esquema, impulsando un proceso de adaptación que plantea tanto desafíos como oportunidades.
En primera instancia, Gabriel Rosas Navarro, director de operaciones de Verifigas, explicó a Surtidores Latam que el autoconsumo en México se refiere a instalaciones privadas, como flotillas de autobuses o patios de carga, que utilizan combustibles exclusivamente para su propia operación. Esta figura, distinta a la del suministro al público, puede operar bajo permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o, en el caso de «usos propios», sin necesidad de autorización formal. Sin embargo, advirtió que ni la Ley de Hidrocarburos ni el Código Fiscal de la Federación ofrecen definiciones claras, lo que ha contribuido a la confusión entre los usuarios.
Más allá de los mitos, Rosas Navarro señaló que prevalece un desconocimiento sobre las obligaciones aplicables. Muchos operadores creen erróneamente que no están sujetos a las regulaciones de control volumétrico.
“La obligación existe para todos los que cumplan ciertos consumos mínimos, sin importar el giro empresarial”, aclaró. En concreto, aquellas empresas que consuman en promedio 75.614 litros mensuales de petrolíferos o 5.000 gigajoules de gas natural deben cumplir con los requisitos establecidos desde 2022.
El incumplimiento puede tener consecuencias severas: multas de entre 36.000 y 67.000 pesos mexicanos por cada mes de omisión en los reportes de controles volumétricos al SAT, además de la posible suspensión de sellos digitales de facturación, un impacto que podría detener operaciones de forma inmediata.
Respecto a las soluciones disponibles, el directivo destacó que ya existe tecnología que facilita la trazabilidad del autoconsumo, compatible con los requerimientos del Anexo 30. Sistemas de gestión de medición, similares a los estándares de calidad ISO, permiten a las empresas monitorear de manera confiable sus consumos y garantizar un cumplimiento efectivo. La implementación de estos sistemas, aunque supone un reto inicial, termina siendo una inversión estratégica tanto para las compañías como para la autoridad.
Desde Verifigas, como organismo de evaluación de la conformidad, realizan inspecciones alineadas a los criterios homologados exigidos por la normativa. “Emitimos certificaciones únicamente cuando verificamos que todo el sistema funciona correctamente. Apostar por certificaciones poco rigurosas puede salir mucho más caro ante una auditoría oficial”, advirtió.
Sobre el futuro de la regulación, el especialista consideró que no se esperan cambios radicales a corto plazo. Cada año se introducen ajustes menores para aclarar interpretaciones o cerrar vacíos legales, pero la regulación de fondo se mantendrá firme, al menos durante esta administración. De acuerdo con Rosas Navarro, el grado de cumplimiento que logren las empresas será clave: cuanto mayor sea el cumplimiento generalizado, menor será la presión para endurecer las normas.