Aunque la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió más de 500 autorizaciones el año pasado y es posible que alcance una cifra similar en este año, los analistas del ámbito de hidrocarburos concuerdan en que el ente gubernamental seguirá arrastrando las aprobaciones atrasadas de años anteriores.

Durante la conferencia «CRE: Rigidez o Cumplimiento de su Función», llevada a cabo en la «Semana del Combustible», Santiago Arroyo, Director Ejecutivo de Ursus Energy, señaló que en el próximo año, el ciclo electoral podría detener el progreso de la CRE en lo que respecta a la emisión de permisos.

«Es altamente probable que, en medio de las campañas políticas que están por comenzar, se vuelvan a tomar posturas nacionalistas (…) Lamentablemente, un organismo técnico como la CRE podría ser aprovechado con fines políticos y electorales», afirmó.

Según Ana Lilia Moreno, líder del Programa de Competencia y Regulación en México Evalúa, desde 2016 hasta la fecha, la concesión de permisos en asuntos relacionados con productos petrolíferos ha disminuido en un 57 por ciento.

«La estrategia energética en este ámbito presenta una restricción significativa en cuanto al desarrollo de proyectos empresariales. Sobre todo en la actualidad, con el T-MEC en juego y la aún indefinida disputa energética, que plantea numerosas incertidumbres», declaró.

La experta añadió que en 2020, tanto el Banco de México como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) indicaron que había espacio en el mercado para establecer al menos cinco mil nuevas estaciones de servicio en el país, pero el progreso se ha limitado a 500 anuales. Esto, junto con la transición hacia la electromovilidad, sugiere una «limitación» para esta cifra.

La especialista coincide en que la CRE ha sido utilizada como herramienta política, ya que brinda ventajas a Pemex para aumentar su participación en el mercado. «Desde la perspectiva de la competencia económica, esto no resulta favorable», observó.

«Si la CRE se ve afectada por los ciclos electorales, su funcionamiento dependerá de las preferencias del gobernante de turno, lo cual aumenta la incertidumbre», enfatizó.

En su intervención, Daniela Suárez, Directora del Departamento Jurídico de GRUPO CIITA, afirmó que los procedimientos que sigue la CRE carecen de convencionalidad, lo que intensifica la incertidumbre en cuanto a la regulación del sector.

«No existe certeza legal en relación a los proyectos que ellos mismos aprueban. Da la impresión de que no hay un proceso de evaluación completo, que no se están alcanzando acuerdos y que, incluso, los proyectos no están siendo sometidos a un análisis técnico riguroso para su aprobación», puntualizó.

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